La Ley 4874, conocida como Ley Láinez, por ser suautor el periodista y senador Manuel Láinez, sobrino del escritor Miguel Cané, fue sancionada el 17 de octubre de 1905, complementando la Ley 1420, sancionada en 1884, que regía en el ámbito de la Capital Federal y Territorios Nacionales, con el propósito de extender la educación pública, laica y gratuita a todo el territorio nacional, apostando a la educación como medio de progreso y pacificación social, en una Argentina donde existía mucho analfabetismo, descontento social, gran cantidad de inmigrantes e ideas socialistas y anarquistas que atentaban contra el orden conservador y liberal imperante. El objetivo era crear escuelas primarias y rurales en aquellas provincias que lo pidieran.
El contexto histórico era violento. El movimiento obrero hacía sentir sus demandas contra las políticas liberales que beneficiaban a los grandes capitales y contra el fraude electoral, en este caso liderado por la Unión Cívica Radical. Esto es reprimido por el gobierno de Quintana, pero la tensión social crece, e incluso el presidente sufre un atentado fallido por parte de un militante anarquista.
Ante estos hechos, el liberal modernista Manuel Láinez intenta democratizar el sistema. Sostiene que el crecimiento del país y su orden dependen de la inversión educativa para lograr educar en la unión nacional, con identidad patriótica, para detener el movimiento socialista y anarquista a través de la alfabetización y no de la violencia. También se incluye la capacitación docente, todo con fondos nacionales.
La idea era establecer escuelas nacionales en territorios provinciales para alfabetizar masivamente e impedir la inmigración hacia la capital.
La ley pronto hizo sentir sus efectos. De 28.152 alumnos que se registraban en 1906, se pasó a contar con 325.000, treinta años más tarde. En 1906 se fundaron 438 escuelas Láinez, un 11 % del total de las escuelas. La población colaboró donando terrenos y levantando paredes. Hacia 1930 el 30 % de las escuelas estaban bajo la órbita nacional, mostrando mucho mayor calidad educativa que la que brindaban las escuelas provinciales.
La crítica a la ley se basó en atentar contra el federalismo provincial, desconociendo las particularidades de cada región, establecido por la Constitución Nacional.
A partir de la Revolución Libertadora de 1955, el gobierno militar, aceptando las propuestas del FMI y del Banco Mundial, retrae el rol del Estado en materia educativa para controlar los gastos públicos y comienza la transferencia de las escuelas nacionales al ámbito provincial.